La medida, sin prisión preventiva, es por defraudación a la administración pública, un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión.
Mediante una resolución de seis carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah revocaron, de esa manera, la "falta de mérito" con la que el juez federal Jorge Luis Ballestero había beneficiado al ex titular del Palacio de Hacienda.
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